La Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE) contradice las tesis sobre subastas andaluzas

En la jornada de ayer, esta cabecera se hizo eco de la participación del consejero de Salud de Andalucía, Aquilino Alonso, durante un seminario celebrado en el entorno del Parlamento Europeo (Bruselas). Durante el mismo, el principal responsable de la sanidad andaluza defendió diferentes medidas puestas en marcha por el ejecutivo regional, dentro de un marco general de políticas destinadas a lograr un uso cada día más racional de los fármacos. Entre dichas medidas, Alonso argumentó especialmente a favor de las selecciones públicas de medicamentos, más conocidas como subastas, que tienen lugar cíclicamente en su comunidad autónoma. De ellas afirmó que han permitido liberar recursos necesarios para poder destinar 200 millones de euros a sufragar los tratamientos contra la Hepatitis C, mediante los nuevos antivirales directos de alto coste. Como principales ventajas de dichas subastas, el consejero citó que no suponen sobrecoste para los ciudadanos y que los medicamentos adjudicatarios cuentan con todas las garantías que ofrece la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). Todo ello, según su argumentación, dentro de un procedimiento abierto y transparente, sujeto a los principios de libre concurrencia, que permite a los laboratorios seleccionados, públicamente, proveer en exclusiva a la Administración regional durante dos años.

Ante la defensa de estas subastas, la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles, se ha visto en la necesidad de replicar las tesis expuestas por el consejero andaluz este mismo viernes, 15 de julio. En palabras de Luis de Palacio, secretario general de FEFE, debe ser un especial tema de reflexión la adjudicación de subastas públicas de medicamentos a laboratorios muy deslocalizados. Eligiendo propuestas que responden muchas veces a bajadas muy temerarias de precios. Por ello, no encontró justificado que el consejero Alonso acudiera a un entorno como el del Parlamento Europeo para comunicar que las subastas andaluzas contribuyen a la calidad de la prestación farmacéutica para los ciudadanos de su comunidad autónoma. Siguiendo el razonamiento del directivo de FEFE, es la industria farmacéutica nacional, y radicada en el país, la que permite hacer frente a los desabastecimientos que provocan las subastas. La exclusividad que determina la selección pública de medicamentos se traduce en reiteradas y masivas rupturas de stock. Durante las mismas, el farmacéutico se ve en la tesitura de no poder dispensar el medicamento que corresponde en exclusiva, teniendo que llegar al rescate los laboratorios firmemente asentados en España. Jurídicamente, también introdujo De Palacio la duda de si es o no invasión competencial el hecho de que la determinación del precio estatal de los medicamentos, pueda verse tocada (rebajada) por decisión de una comunidad autónoma. Ocurriendo algo parecido a los casos en los que algunas comunidades autónomas subsidiaron los copagos, establecidos por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI).

En opinión del responsable de FEFE, no es aceptable que los laboratorios que han quedado fuera o no han acudido a estos procedimientos de selección pública tengan que suplir los desabastecimientos de las empresas adjudicatarias. Una situación que se ha dado en las 8 tandas de subastas que se han realizado hasta la fecha. Dándose el caso clamoroso de que hay compañías que fueron adjudicatarias, exclusivamente por razones de precio, para posteriormente incurrir en desabastecimientos y ser, incomprensiblemente, seleccionadas de nuevo en subsiguientes subastas. En este punto, De Palacio estimó que dichos incumplimientos deberían ser motivo inexcusable de exclusión en los procedimientos selectivos.  Por eso, el secretario general de los farmacéuticos empresarios españoles quiso marcar una clara diferencia entre la selección pública de medicamentos que se hace en Alemania y la que se hace en Andalucía. Ya que en el país germano, cualquier incumplidor se sitúa ante un horizonte penal o, como mínimo, ante la exigencia de tener que cubrir importantes sanciones y la diferencia entre el adjudicatario y su director competidor en la subasta. En cualquier caso, nunca vuelve a ser adjudicatario.

En otro orden de cosas, De Palacio consideró oportunas las audiencias concedidas por Felipe VI a Farmaindustria y el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF), el pasado 12 de julio. Siendo para la patronal del medicamento innovador una excelente oportunidad de poner en valor ante la principal institucional de Estado la importancia de un sector fundamental para la economía española, por generación de empleo, innovación y actividad industrial.