La consellera ha anunciado una modificación de la Ley de Salud de la Comunitat que recoja la apuesta por el modelo de gestión pública en la sanidad valenciana.
La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Carmen Montón, ha anunciado en Madrid que el Gobierno de la Generalitat va a hacer una apuesta legislativa firme por el modelo de gestión pública directa en la sanidad valenciana, “que será una realidad con la modificación de la Ley 10/2014 de ...
La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Carmen Montón, ha anunciado en Madrid que el Gobierno de la Generalitat va a hacer una apuesta legislativa firme por el modelo de gestión pública directa en la sanidad valenciana, “que será una realidad con la modificación de la Ley 10/2014 de 29 de diciembre, de Salud de la Comunitat Valenciana". Se trata, ha explicado, de que la gestión pública sea "la formula preferente" y recoja que no se prorrogarán los contratos de gestión de servicios públicos para la asistencia integral de los departamentos de salud de las concesiones.
Montón, que ha intervenido en los Desayunos Socio-sanitarios de Europa Press, ha afirmado que "es el compromiso colectivo de un gobierno que no entiende el derecho a la asistencia sanitaria como motivo de negocio", porque "este Gobierno del cambio tiene la convicción de que hay otra manera distinta de hacer política y de gestionar los recursos en función del bien común".
En palabras de la consellera, este compromiso comenzará a materializarse en el 2018, con el fin de la concesión a una empresa privada de la gestión de un Departamento de Salud como es el de Alzira: "Quiero dejar claro que Alzira será un departamento de gestión pública directa desde el 1 de abril de 2018, fecha de finalización de su contrato", ha dicho, para añadir que "sus profesionales seguirán en sus puestos de trabajo y los usuarios tendrán la misma cartera de servicios de la que disponen actualmente.
La consellera ha resumido los 20 meses del gobierno de la Generalitat. "En este tiempo, la Generalitat Valenciana ha mejorado la salud y la vida de más de 1.300.000 personas", ha explicado, en alusión a la recuperación de la universalidad en la atención sanitaria y al fin del copago farmacéutico y ortoprotésico.
En concreto, ha cifrado en 16.000 las personas que ya tienen restablecido su derecho a la asistencia sanitaria, "porque para el nuevo gobierno de la Generalitat Valenciana no hay ciudadanos de primera y de segunda, no hay nacionales e inmigrantes, hay personas".
A ellas se unen las más de 915.000 personas que se han beneficiado de las ayudas para pensionistas y personas con diversidad funcional. "Con ello hemos conseguido reducir el 32% el abandono de tratamientos y eliminar la discriminación económica en su acceso", ha explicado, tras exigir que el Gobierno de Rajoy derogue el Real Decreto 16/2012 de la exclusión sanitaria y los copagos. "Es imprescindible seguir exigiendo que retire los recursos interpuestos a las medidas valencianas de recuperación de la universalidad y las ayudas frente al copago. Medidas que benefician a un millón de personas que viven en la Comunitat Valenciana”.
Montón ha recordado que "mientras la nueva ministra de Sanidad se estrenaba en el cargo con la idea de nuevos copagos farmacéuticos, en la Comunitat Valenciana hemos decidido ampliar derechos y extender las ayudas frente al copago, concretamente a niños y niñas, adolescentes y jóvenes en situación de especial vulnerabilidad”.
Ha explicado que, desde hace dos semanas, están en vigor las ayudas frente al copago de menores cuyos padres tienen rentas bajas o residencia no autorizada. "La Generalitat ha eliminado el copago para más de 400.000 menores y ha abierto la senda de ampliar la eliminación de copagos a las rentas bajas, por la que esperamos caminen otros gobiernos de progreso, porque el copago farmacéutico pone en peligro el seguimiento de miles de tratamientos, pone en peligro la salud de las personas".
Montón ha hecho mención a los más de 12.000 millones de infrafinanciación acumulada en los últimos 10 años (259 euros menos que la media por habitante) y los 303 millones que el Gobierno Central adeuda del fondo de garantía sanitaria.
