El Pleno del Tribunal de Cuentas ha aprobado el "Informe de fiscalización sobre la gestión y control de las prestaciones farmacéuticas a cargo del Instituto Social de las Fuerzas Armadas, ejercicio 2015". El principal objetivo de esta fiscalización ha sido el análisis, desde la perspectiva de los principios de buena ...
El Pleno del Tribunal de Cuentas ha aprobado el "Informe de fiscalización sobre la gestión y control de las prestaciones farmacéuticas a cargo del Instituto Social de las Fuerzas Armadas, ejercicio 2015". El principal objetivo de esta fiscalización ha sido el análisis, desde la perspectiva de los principios de buena gestión, de los procedimientos implantados por el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS o Instituto) para la comprobación de la facturación y el pago de las prestaciones farmacéuticas a las oficinas de farmacia, a través de los Colegios Oficiales de Farmacéuticos, y a los hospitales adscritos a las entidades de seguro concertadas, por los medicamentos de dispensación hospitalaria.
En esta fiscalización también se ha realizado un seguimiento del grado de cumplimiento de las recomendaciones formuladas por el Tribunal en otro Informe de Fiscalización aprobado en 2005, en la parte relativa a las prestaciones farmacéuticas; así como de la Resolución, de 29 de septiembre de 2009, de la Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas, que también instaba a tomar medidas en este sentido.
El Tribunal de Cuentas no ha podido fiscalizar una parte de las recetas de las farmacias militares por importe de 72.923 euros, debido a que el ISFAS destruyó las mismas en cumplimiento de su normativa interna. Aplicando el criterio de la Intervención General de la Administración del Estado, ISFAS no exigió a los centros hospitalarios que tienen la naturaleza de sociedades anónimas, sociedades limitadas o de agrupación de interés económico, la emisión en formato electrónico de las facturas de importe superior a 5.000 euros, actuación que no es coherente con las previsiones de la Ley 25/2013, de impulso de la facturación electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público.
Según el TC; los dos conciertos vigentes en 2015 entre ISFAS y el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos no se ajustaban, en su totalidad, a la normativa sobre receta médica y órdenes de dispensación.
En los controles del ISFAS sobre las recetas de las farmacias militares se han detectado, como incidencias más destacadas, que la aplicación informática de gestión de estas recetas no recoge la fecha de dispensación del medicamento, por lo que existe el riesgo de que el precio abonado por ISFAS no sea el que fija el Nomenclátor en la fecha de dispensación, sino el de la fecha de facturación. Y la existencia de deficiencias que deberían haber dado lugar a su anulación total, parcial o del margen comercial de las recetas.
Sobre la facturación y pago de las prestaciones farmacéuticas por los medicamentos de dispensación hospitalaria, se destaca que a 31 de diciembre de 2015 figuraban importes pendientes de descontar a las entidades de seguro, para los que el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad había establecido unos techos máximos de gasto y de número de envases para todo el Sistema Nacional de Salud. Dichos importes ascienden a 251.241 euros. A 2 de diciembre de 2016 todavía quedaba pendiente de reintegrar un importe de 9.200 euros.
ISFAS efectuó pagos por las facturas de medicamentos de dispensación hospitalaria remitidas por hospitales adscritos a las entidades de seguro cuyos precios estaban sobrevalorados en 88.447 euros en el ejercicio 2015, debido a las diferencias entre el "precio de venta al público" y el "precio de venta de laboratorio". A 2 de diciembre de 2016 el Instituto había reclamado un importe de 67.245 euros.
Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno
Según el Tribunal, ISFAS no ha publicado los conciertos suscritos con el Consejo General del Colegio Oficial de Farmacéuticos y con los Servicios Farmacéuticos de las Fuerzas Armadas, ni los contratos formalizados con las empresas suministradoras de talonarios. Tampoco figura en su página web información sobre el resultado de las actuaciones de control efectuadas sobre el consumo excesivo de medicamentos, ni un acceso electrónico para solicitar información sobre las prestaciones farmacéuticas, a pesar de lo establecido al respecto en la normativa.
Tras la fiscalización, el Tribunal de Cuentas pide contrastar, periódicamente, la base de datos de su colectivo con la Agencia Estatal de Administración Tributaria, para determinar el nivel de ingresos de sus beneficiarios, y con el Instituto Nacional de la Seguridad Social para verificar que no están acogidos a otro Régimen del Sistema de la Seguridad Social.
También impulsar la implantación del sistema de receta médica electrónica para poder realizar un mayor control sobre los medios prescriptores de los medicamentos, así como sobre la validez y dispensación de las recetas.
Y mejorar los controles para la detección y prevención de consumos excesivos de medicamentos, con objeto de lograr un uso racional de los mismos y con el fin de comprobar que en las recetas no se dé ninguna de las circunstancias que constituyen causa de su anulación.
