El Ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha anunciado al presidente de la Organización Médica Colegial de España (OMC), Serafín Romero, la intención del Gobierno de modificar el reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para aclarar en la normativa que los cursos de formación ...
El Ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha anunciado al presidente de la Organización Médica Colegial de España (OMC), Serafín Romero, la intención del Gobierno de modificar el reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para aclarar en la normativa que los cursos de formación del personal sanitario, financiados por empresas, no están sujetos a tributación en el IRPF.
Ambas partes se han comprometido a trabajar en una modificación del reglamento para clarificar la no sujeción a tributación de los gastos en los cursos para formación. Asimismo, en la reunión se han tratado las posibilidades en materia de oferta de empleo público en el ámbito de la Sanidad, contempladas en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado 2017.
Durante la reunión que ambos han mantenido, Montoro ha informado al presidente de la OMC que con esta modificación se dotará de mayor precisión a la norma, al clarificar que no tiene la consideración de rendimiento del trabajo en especie la participación de los trabajadores sanitarios en cursos de formación financiados por terceros que comercialicen bienes o servicios para los que sea necesario disponer de una adecuada formación por parte del trabajador.
Oferta Empleo Público Sanitario
Asimismo, el ministro y el presidente de la OMC han comentado las cuestiones en materia de oferta de empleo público en el ámbito de la Sanidad. En este sentido, el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2017 contempla el sector sanitario como prioritario. Así se podrá reponer hasta el 100% de su tasa de reposición de efectivos. Además, y en cumplimiento de un acuerdo con las centrales sindicales, en el mismo proyecto de Ley se incluye también un proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal por el que las Comunidades Autónomas, en un plazo de tres años, podrán consolidar hasta un máximo del 90% de las plazas del personal interino.
