El COF de Madrid ha emprendido una serie de acciones políticas y sectoriales para corregir los efectos económicos en el sector de los reales decretos ley 1193/2011 y 8/2010, sobre "Deducciones a las oficinas de farmacia en función al volumen de ventas al Sistema Nacional de Salud", tal y como ...
El COF de Madrid ha emprendido una serie de acciones políticas y sectoriales para corregir los efectos económicos en el sector de los reales decretos ley 1193/2011 y 8/2010, sobre "Deducciones a las oficinas de farmacia en función al volumen de ventas al Sistema Nacional de Salud", tal y como la Junta de Gobierno del Colegio acordó el pasado 8 de mayo.
De esta manera, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Jesús Sánchez Matos, trasladará la iniciativa en el próximo pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que se celebra este miércoles 21 de junio. El objetivo es el de revisar la situación generada por la aplicación de descuentos que oscilan entre un 7,8 y un 30 por ciento en función de las ventas de las farmacias desde el año 2000.
El Colegio de Farmacéuticos de Madrid entiende que, a día de hoy, no hay ninguna razón económica que justifique el mantenimiento de un sistema que afecta a la mitad de las farmacias abiertas en España y que no se puede mantener de forma indefinida, ya que está lastrando la capacidad de invertir en la modernización y creación de empleo y riqueza de la oficina de farmacia. Sólo en el caso de la Comunidad de Madrid, las farmacias se vieron obligadas a realizar una aportación de 52 millones de euros a través de estos descuentos que no solo merman los ingresos de las farmacias, sino que tampoco revierten en el sector en formación, ayudas o subvenciones en tecnologías o en dotaciones para impulsar servicios profesionales que los farmacéuticos han demostrado que pueden generar importantes ahorros al SNS.
Precisamente, uno de los compromisos electorales del actual equipo de Gobierno del COFM fue abrir el debate sobre la oportunidad de mantener estos descuentos que se impusieron vía real decreto ley como medidas "urgentes y extraordinarias" para contener el gasto público farmacéutico en el año 2000 y por la necesidad extraordinaria de reducción del déficit en 2010. El Colegio viene reclamando desde hace tres años en todas las reuniones y foros públicos donde participa, se busca abrir un periodo de reflexión para analizar a fondo el impacto económico en el sector de un sistema de descuentos.
Con el objetivo de aunar esfuerzos en torno a la defensa de la profesión farmacéutica, el Colegio ha remitido una serie de cartas, con fecha de 12 de junio, al secretario del CISNS y a los presidentes del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, las patronales del sector, las principales distribuidoras farmacéuticas y Farmaindustria.
