El Congreso Nacional de la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE) ha conocido las conclusiones del informe ‘El impacto del cambio de regulación sobre el acceso a la propiedad de las Oficinas de Farmacia’, que desmiente los mitos sobre los supuestos beneficios de cambiar el marco legislativo
El informe ha sido presentado por Francesco Sandulli, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, y analiza pormenorizadamente los efectos que el cambio en la regulación sobre la propiedad de las farmacias podría tener en el sector y en la sociedad española en general. El estudio rechaza que el cambio del ...
El informe ha sido presentado por Francesco Sandulli, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, y analiza pormenorizadamente los efectos que el cambio en la regulación sobre la propiedad de las farmacias podría tener en el sector y en la sociedad española en general.
El estudio rechaza que el cambio del modelo mediterráneo de titularidad-propiedad que actualmente se encuentra en el debate público genere beneficios, tanto económicos como sociales, para el Estado.
Para ello se ha realizado una comparativa con los países europeos y más importantes dónde se analizan las variables tradicionales que defienden un cambio a un modelo liberalizado.
En él se analizan cuestiones como la reducción del gasto farmacéutico, la mejora de la productividad o la calidad del servicio percibida por los pacientes para concluir que ninguna de estas variables mejora en países con un sector ya liberalizado.
La principal conclusión del informe es que el cambio en el modelo de titularidad-propiedad no supone una fuerte reducción del gasto farmacéutico ni logra incrementar la riqueza del país, alertando sobre las posibilidades de que se cree un oligopolio y un nuevo copago para los pacientes, al cargar sobre ellos el coste de esta decisión política.
Además juristas participantes en el XII Congreso Nacional de FEFE han recordado el aval de la Justicia europea al modelo español y la no obligatoriedad de adoptar otro modelo, según la directiva comunitaria que regula los servicios profesionales, que exime de la liberalización a los servicios de salud pública, como son las oficinas de farmacia.
