La Federación de la Distribución Farmacéutica condena las prácticas ilegales en la compra-venta de medicamentos.
La Federación de la Distribución Farmacéutica (FEDIFAR) condena públicamente las prácticas ilegales en la compra-venta de medicamentos destapada por la Operación Convector y que implica al menos a cinco empresas de distribución farmacéutica y a más de 200 farmacias. FEDIFAR representa al 97% de la distribución mayorista de medicamentos en ...
La Federación de la Distribución Farmacéutica (FEDIFAR) condena públicamente las prácticas ilegales en la compra-venta de medicamentos destapada por la Operación Convector y que implica al menos a cinco empresas de distribución farmacéutica y a más de 200 farmacias. FEDIFAR representa al 97% de la distribución mayorista de medicamentos en España.
En palabras del presidente de FEDIFAR, Antonio Abril: “Queremos dejar constancia de que ninguna de las empresas de distribución farmacéutica asociadas a FEDIFAR está implicada en esta operación ni en este tipo de prácticas ilícitas de compra de medicamentos a oficinas de farmacia por parte de la distribución”.
La distribución farmacéutica de gama completa tiene como función sanitaria esencial garantizar el inmediato acceso de las oficinas de farmacia y, consecuentemente, de la población, a cualquier fármaco comercializado en España. Las empresas asociadas a la patronal se consideran responsables de asegurar un adecuado abastecimiento de medicamentos. El comercio ilegal de medicamentos, como el investigado por la Guardia Civil, distorsiona el mercado y supone un grave riesgo para el correcto abastecimiento de medicamentos a los ciudadanos y, en consecuencia, para la salud pública.
Tanto es así que ya en 2010, las empresas asociadas a FEDIFAR firmaron la Declaración contra el suministro irregular de medicamentos. “En este documento, las empresas no sólo condenan estas prácticas ilegales, sino que animan a las autoridades a actuar con contundencia contra sus responsables y manifiestan su firme compromiso de colaboración con ellas, en favor de la garantía de la seguridad y transparencia de la cadena de suministro de fármacos”.
La Federación confía en que “la Justicia actúe con celeridad y se clarifique esta situación lo antes posible, señalando a los responsables de estas prácticas ilegales que sobre todo perjudican a la ciudadanía española”.
