Las boticas tendrán hasta el 1 de enero de 2017 para poner en marcha un registro que sirva para controlar y hacer seguimiento de los descuentos.
El Gobierno ha incluido en la Ley de Presupuestos a su paso por el Senado una enmienda para eliminar el límite de los descuentos por pronto pago o por volumen de compras que realicen los laboratorios o distribuidores a las oficinas de farmacia para los medicamentos financiados con cargo al ...
El Gobierno ha incluido en la Ley de Presupuestos a su paso por el Senado una enmienda para eliminar el límite de los descuentos por pronto pago o por volumen de compras que realicen los laboratorios o distribuidores a las oficinas de farmacia para los medicamentos financiados con cargo al Sistema Nacional de Salud. La norma, que establece que se lleve un registro mensual de tales descuentos para su control y seguimiento, entrará en vigor el próximo 1 de enero de 2016 y las oficinas de farmacia tendrán un año para adaptarse y poner en marcha este registro.
Igualmente, el PP ha introducido otra enmienda por la que se deroga definitivamente el copago farmacéutico hospitalario, modificando el artículo 102 del texto que queda así: “solo la prestación farmacéutica ambulatoria que se dispense por medio de receta médica oficial u orden de dispensación a través de oficinas de farmacia estará sujeta a aportación del usuario”.
Por su parte, Convergència i d'Unió (CiU) también ha presentado otra enmienda que plantea una nueva redacción del artículo 87 del texto refundido de la Ley de Garantías, con la que quedaría suprimida la prioridad de dispensación de los genéricos en caso de igualdad de precio y cuando la prescripción se haga por principio activo. El criterio de dispensación sería el precio más bajo de la agrupación homogénea.
Por último, se han presentado varias propuestas relacionadas con los nuevos tratamientos contra la hepatitis C como la del Grupo Entesa pel Progrés de Catalunya y el Grupo Mixto, que proponen la expropiación de las patentes para la elaboración de estos medicamentos o la de CiU, que pretende garantizar la dotación económica para atender los tratamientos en los centros penitenciarios.
