Así lo ha confirmado José María Vergeles en la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo.
El Consejo de Gobierno ha aprobado en su sesión de este martes el decreto-ley de Medidas Extraordinarias para luchar contra la Exclusión Social, entre las que figuran la universalización de la atención sanitaria, la modificación de algunos aspectos de la Renta Básica de Inserción, la regulación de los mínimos vitales ...
El Consejo de Gobierno ha aprobado en su sesión de este martes el decreto-ley de Medidas Extraordinarias para luchar contra la Exclusión Social, entre las que figuran la universalización de la atención sanitaria, la modificación de algunos aspectos de la Renta Básica de Inserción, la regulación de los mínimos vitales en materia de agua y electricidad y mejoras en el derecho de acceso a la vivienda.
En la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo, el consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, ha señalado que “no puede ser que después del Real Decreto 16/2012 sigan existiendo en nuestro país ciudadanos y ciudadanas excluidos de la atención sanitaria”. Por otra parte, el consejero de Sanidad y Políticas Sociales anunció que el Consejo de Gobierno ha acordado la adhesión de la Comunidad Autónoma de Extremadura al instrumento de apoyo a la sostenibilidad del gasto farmacéutico y sanitario de las Comunidades Autónomas. Además, señaló, el Consejo de Gobierno ha autorizado la firma del protocolo de colaboración suscrito entre la Administración General del Estado y Farmaindustria con fecha 4 de noviembre de 2015.
Ambas medidas han sido exigidas por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a las comunidades autónomas que incumplieron el objetivo de déficit de 2015 y, por ello, su plan de ajuste vigente, para poder acceder a los fondos asignados para el segundo trimestre de 2016 correspondientes a Fondo de Liquidez Autonómico.
Respecto al acuerdo entre la Administración del Estado y Farmaindustria, señaló que “pretende ser un espacio de colaboración para la sostenibilidad financiera del gasto farmacéutico público”, lo que supone que el gasto en medicamentos originales y no genéricos del Sistema Nacional de Salud no podrá superar el límite del crecimiento previsto para el gasto público en 2016, fijado inicialmente en el 1,8 por ciento del PIB.
