300 expertos piden la creación de un HispaNice, un órgano para evaluar las prácticas y políticas sanitarias

Trescientos sanitarios, investigadores y académicos han pedido en un manifiesto la creación de un órgano independiente que evalúe las prácticas y políticas sanitarias, alegando que la pandemia "ha puesto en evidencia diversas debilidades del Sistema Nacional de Salud (SNS)" . Entre ellas, "las relacionadas con la arbitrariedad en la toma de decisiones sobre la provisión y financiación de diferentes medicamentos, pruebas diagnósticas, programas o intervenciones sanitarias, sobre la creación de algunas infraestructuras sanitarias y sobre el establecimiento de prioridades en políticas de salud de amplio espectro" .

Justifican su petición poniendo el ejemplo que, desde hace años, países de nuestro entorno europeo y otros "que son de referencia por sus sistemas sanitarios" (Reino Unido, Suecia, Alemania, Australia, Nueva Zelanda, etc.) han creado agencias para desarrollar estas tareas e informar de la toma de decisiones de sus sistemas sanitarios sobre tipo y cobertura de prestaciones, grupos de personas en los que estarían indicadas y precios. El prototipo más conocido de estas agencias es el National Institute for Health and Care Excellence (NICE) del Reino Unido.

Los firmantes de este manifiesto, relatan, "estamos convencidos de que el SNS necesita imperiosamente una institución similar (un HispaNice) de evaluación de las prestaciones sanitarias, incluyendo la evaluación económica y su impacto presupuestario, y de que la financiación del programa Next Generation EU supone una oportunidad irrepetible para su creación" .

Al estilo de la AIReF

Bajo el punto de vista de estos expertos, se trataría de crear un órgano de evaluación independiente, al estilo de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), con personalidad jurídica propia, autonomía funcional y con procedimientos y funciones bien definidas, que se ocupe de analizar las prestaciones sanitarias, sus tecnologías, medicamentos e indicaciones terapéuticas, intervenciones de prevención y salud pública, y otras políticas de salud, compaginando resultados en salud con los costes que suponen para el SNS y para el conjunto de la sociedad.

Una Autoridad Independiente de Evaluación de Prácticas y Políticas Sanitarias que, desde el análisis de la evidencia científica disponible en cada momento, "determine si los beneficios sanitarios y sociales de una intervención en salud valen lo que cuestan" .

Dicha Autoridad Independiente sería un elemento, en su opinión, "imprescindible" para informar, tomando como base el mejor conocimiento disponible, las decisiones a adoptar en la ordenación de los cambios y retos que afrontan los sistemas de salud, y constituiría una potente herramienta, como es visible en países de nuestro entorno, para optimizar los intrínsecamente siempre insuficientes recursos destinados a la mejora de la salud de la población.

"La creación de este organismo es ineludible para garantizar que las recomendaciones sobre cartera de servicios y sobre intervenciones sanitarias estén basadas en la mejor evidencia científica disponible y en valores sociales consensuados" , agrega el texto.

Sin poder de ejecución

Una vez realizada la evaluación, correspondería a los gobernantes hacer lo propuesto y, si no, explicar las razones. De este modo se informaría la decisión política, en ningún caso se la sustituiría, dado que la agencia propuesta carecería de facultades ejecutivas. "Su funcionamiento debería regirse por los principios de independencia, rigor técnico y buen gobierno, favoreciendo la transparencia de las opciones que se adopten y contribuyendo a la rendición de cuentas en las decisiones públicas", aclaran.

El momento que vivimos, valoran, "exige reformas de gran calado y hace imprescindible apostar por una institución que contribuya decididamente a afianzar la solvencia del sistema sanitario público y a reorientar más eficazmente las políticas de salud" . En este sentido, la oportunidad para la financiación institucional que el gran proyecto europeo permite es "única" y, previsiblemente, "irrepetible" en muchos años.

Desde su perspectiva, una Autoridad Independiente de Evaluación de Prácticas y Políticas Sanitarias "completaría la valoración de eficacia y seguridad que realizan otras instituciones", como las actualmente desarrolladas por la Agencia Española del Medicamento y Productos sanitarios. Permitiría el trabajo en red conectando centros existentes de conocimiento experto a nivel central y autonómico, la academia y la industria sanitaria. Exhibiría rigor y compromiso por parte de las autoridades sanitarias para la mejor definición y gestión de las prestaciones sanitarias, en consonancia con el trabajo de evaluación desarrollado por la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del Sistema Nacional de Salud. Favorecería el uso racional de los recursos públicos para la promoción de la salud y la gestión de calidad de los servicios sanitarios. En definitiva, concluye, "atendería la demanda del buen gobierno de nuestras instituciones, colocando el Sistema Nacional de Salud en el siglo XXI" .

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