El Pleno del Tribunal de Cuentas, ha aprobado el "Informe global del sector público autonómico, ejercicio 2014". En el mismo se exponen los resultados relativos a la participación en los Fondos de Compensación Interterritorial, el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y el análisis del gasto sanitario. Según el informe, ...
El Pleno del Tribunal de Cuentas, ha aprobado el "Informe global del sector público autonómico, ejercicio 2014". En el mismo se exponen los resultados relativos a la participación en los Fondos de Compensación Interterritorial, el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y el análisis del gasto sanitario.
Según el informe, el gasto sanitario público, y de acuerdo con los datos resultantes de la EGSP realizada en el ámbito del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el gasto sanitario público, correspondiente a todo el SNS, en el año 2014 en España supuso 61.947 millones de euros, lo que representa el 5,9% del producto interior bruto (PIB), porcentaje igual al del ejercicio anterior y el gasto per cápita ascendió a una media de 1.332 euros por habitante, frente a los 1.309 euros del anterior ejercicio.
Un 44,4% del gasto sanitario público del sector ha sido originado por tres CCAA: Cataluña, Andalucía y Madrid, con 9.205, 8.737 y 7.423 millones de euros, respectivamente. La Rioja, Cantabria y la Comunidad Foral de Navarra son las CCAA con el gasto más bajo, en valores absolutos. En relación a su población, en 2014, las comunidades con mayor gasto sanitario público son el País Vasco (1.582 euros por habitante), Extremadura (1.448 euros por habitante) y la Comunidad Foral de Navarra (1.435 euros por habitante). Las comunidades con menor gasto sanitario público son Andalucía (1.042 euros por habitante), Comunidad de Madrid (1.164 euros por habitante) y las Illes Balears (1.194 euros por habitante).
En relación con el porcentaje sobre el PIB, Extremadura (9,4%), la Región de Murcia (7,7%) y el Principado de Asturias (7,3%) son las CCAA que presentaron en el año 2014 un porcentaje del gasto sanitario sobre el PIB más elevado. La Comunidad de Madrid (3,8%), Cataluña (4,7%) y las Illes Balears (5,1%) se situaron en el extremo opuesto.
En términos de gasto total, que incluye la inversión (gastos de capital), las comunidades que más incrementaron su gasto fueron Aragón (14,7%), la Comunitat Valenciana (4,5%) y las Illes Balears (4%). Únicamente seis CCAA redujeron su gasto, con descensos que oscilaron entre el 6,7% de Castilla y León y el 0,1% de Galicia.
El gasto en retribución de asalariados alcanzó la cifra global de 26.262 millones de euros, lo que representa el 46% del gasto consolidado del sector, y experimentó un incremento de un 0,5% respecto al año anterior. Por otro lado, el gasto sanitario público dedicado por las CCAA a la remuneración de su personal osciló entre el 35,7% de Cataluña y el 54,9% de Castilla y León.
El gasto en farmacia se cifró en 9.892 millones de euros, lo que representa el 17,3% del gasto consolidado del sector, y experimentó un descenso de un 1% respecto al año anterior. La contribución del gasto farmacéutico al total del gasto sanitario público consolidado de la Comunidad Autónoma osciló entre el 14% de las Illes Balears y el 21,5% de Galicia.
Causas, problemas y conclusiones
El informe incide en que debe reseñarse que el sector sanitario reviste una peculiaridad con respecto al resto de áreas del sector público, que se manifiesta en la limitación del documento presupuestario para actuar 164 Tribunal de Cuentas como instrumento de previsión y control de su actividad. "No sólo existe una permanente insuficiencia estructural de los créditos iniciales para dar cobertura a las obligaciones de cada ejercicio, no obstante conocerse el gasto real producido en ejercicios inmediatos anteriores, sino que se recurre de forma periódica a generar gasto que excede las consignaciones presupuestarias".
El TC apunta a que esta situación a su vez implica que mediante modificaciones presupuestarias se financien, en detrimento de otras áreas, gastos para la cobertura de necesidades que presentan consignaciones insuficientes pero que eran conocidas en el momento de la aprobación del presupuesto, en particular las derivadas de gastos de personal y farmacia que, con carácter recurrente, se presentan como los principales epígrafes destinatarios de las modificaciones que complementan sus dotaciones iniciales.
Esta recurrente financiación adicional no evite el desajuste entre gastos e ingresos, generando deuda que actúa como factor distorsionador en la gestión de la entidad responsable. Así, la tendencia generalizada de realizar gastos en el ejercicio sin la necesaria cobertura financiera conlleva la no contabilización en éste de un relevante monto económico de deuda, derivando la misma a ejercicios posteriores, con incumplimiento de los límites cuantitativos y de anualidad establecidos legalmente.
Por otra parte, la falta de contabilización de las obligaciones generadas en el ejercicio corriente y su derivación a ejercicios posteriores conlleva la consecuente morosidad en el pago a acreedores, cuyo impacto económico se manifiesta en los importes de los intereses de demora y costas resultantes de las reclamaciones administrativas y judiciales efectuadas por éstos.
Finalmente, el informe observa un paulatino incremento, con especial relevancia en algunas CCAA en la consignación de compromisos de gastos con cargo a ejercicios futuros, que puede distorsionar la sostenibilidad financiera del sistema autonómico de gestión sanitaria.
