A juicio de Luis González Díez, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid (COFM), se ha empezado el curso muy bien, con el anuncio del regreso de tres medicamentos de diagnóstico hospitalario (pegvisomant, anagrelida y deferasirox) a la dispensación en farmacia comunitaria. "Debe ser un primer paso al que sigan otros muchos más. Lo ...
A juicio de Luis González Díez, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid (COFM), se ha empezado el curso muy bien, con el anuncio del regreso de tres medicamentos de diagnóstico hospitalario (pegvisomant, anagrelida y deferasirox) a la dispensación en farmacia comunitaria. "Debe ser un primer paso al que sigan otros muchos más. Lo más importante es que la Consejería de Sanidad ha reconocido que la decisión de derivar estos medicamentos al canal hospitalario se debió a razones económicas y que su dispensación en las farmacias ofrece ventajas a los pacientes, al tiempo que se asegura la seguridad, el control y la gestión", declara. "Está claro que, si no existen razones sanitarias que lo desaconsejen, la mejor opción para el paciente es que los medicamentos sean dispensados en la farmacia comunitaria, por ser el espacio idóneo de acceso a los mismos y constituir una garantía de adherencia", afirma. Los pacientes podrán encontrar estos tres medicamentos en las farmacias comunitarias madrileñas a partir del mes de diciembre.
El último ejemplo de la colaboración entre el COFM y la Consejería de Sanidad es el proyecto de Ley de Farmacia de la Comunidad de Madrid, para actualizar una ley que está en vigor desde 1998. "En estas dos décadas, se han producido muchos cambios. Era lógico introducir modificaciones en el marco normativo para, por ejemplo, reforzar el papel asistencial de los establecimientos farmacéuticos y el de los profesionales de farmacia como agentes de Salud. Necesitábamos una ley más acorde con la realidad sanitaria y farmacéutica de nuestra Comunidad; una ley que mejore la coordinación y colaboración entre los diferentes niveles asistenciales, que establezca una nueva planificación para la apertura de Oficinas de Farmacia, que regule la asistencia a centros sociosanitarios, que tenga en cuenta las singularidades de las Oficinas de Farmacia de las zonas rurales e intente garantizar su viabilidad económica,…", comenta González Díez. Hace hincapié en que el resultado es un "marco regulatorio" para el conjunto de actividades que desarrolla el farmacéutico en distintos ámbitos; tales como la Oficina de Farmacia, los hospitales, los centros de Salud, las residencias o los centros psiquiátricos.
Desde el COFM; se emprendió una serie de acciones para tratar de corregir los efectos económicos en el sector de los reales decretos ley 1193/2011 y 8/2010, ambos derivados del RDL 5/2000, sobre deducciones a las Oficinas de Farmacia en función al volumen de ventas al Sistema Nacional de Salud. El compromiso electoral de González Díez y de su equipo fue abrir un debate sobre la oportunidad de mantener estos descuentos que se impusieron vía real decreto ley como medidas urgentes y extraordinarias para contener el gasto público farmacéutico en 2000. "Creemos que, casi dos décadas después, no existe ninguna razón económica que justifique el mantenimiento de un sistema que afecta a la mitad de las farmacias abiertas en España y que lastra la capacidad de invertir en la modernización y creación de empleo y riqueza de la Oficina de Farmacia", manifiesta. Subraya que las farmacias de la Comunidad de Madrid realizaron una aportación de 52 millones de euros en 2016. Acto seguido, denuncia que convertir una medida coyuntural y extraordinaria en una situación permanente es injusto para las Oficinas de Farmacia. Por eso, reclama que "se abra un período de reflexión para analizar el impacto económico de un sistema de descuentos cuya duración en el tiempo es difícilmente justificable, toda vez que hemos dejado atrás la crisis económica y el gasto en recetas está controlado".
