Tal y como estaba previsto, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) presentó este jueves su segundo Estudio del proceso de revisión del gasto, conocido como Spending Review, y que se ha centrado en la evaluación del gasto público en recetas dispensadas en Oficia de Farmacia. A pesar de las ...
Tal y como estaba previsto, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) presentó este jueves su segundo Estudio del proceso de revisión del gasto, conocido como Spending Review, y que se ha centrado en la evaluación del gasto público en recetas dispensadas en Oficia de Farmacia. A pesar de las críticas cosechas en su anterior defensa de una subasta de medicamentos a nivel nacional, insiste en introducir de forma gradual procesos de selección de medicamentos existentes a nivel regional, como las subastas.
Lo primero que hace el informe, de 227 páginas, es apuntar que, en el año 2017, el gasto público en salud en España fue de 72.813 millones de euros, de los que alrededor de 16.264 millones, el 1,4 % del Producto Interior Bruto (PIB), se destinaron a medicamentos y más del 62%, alrededor de 10.171 millones, a gasto en recetas dispensadas en Oficina de Farmacia. El análisis realizado por la AIReF concluye que hay aspectos mejorables para el Sistema Nacional de Salud (SNS) desde el punto de vista de la gobernanza, de aspectos procedimentales (relacionados sobre todo con el proceso de fijación de precios de los medicamentos), de la eficiencia y de la equidad.
Critica que "hay una falta de sistemática para establecer el precio que el Sistema Nacional de Salud paga por los medicamentos y la evaluación coste-beneficio no es un aspecto que sea vinculante a la hora de determinar los precios". Añade que "la carencia de recursos humanos y tecnológicos necesarios para apoyar estas decisiones hace que el sistema se centre en la entrada y dedique menos esfuerzo a la revaluación de los medicamentos en cartera". Defiende que "esquemas de reembolso diferentes permitirían conseguir niveles de gasto público en medicamentos menores, al superar algunos de los inconvenientes derivados de que nuestro país sea comúnmente incluido en las cestas que sirven de referencia internacional para la fijación de los precios de financiación pública de los medicamentos".
Por otro lado, en su documento, la AIReF asegura que "el Sistema de Precios de Referencia, un instrumento creado para reducir el precio de los medicamentos para los que existen equivalentes, no ofrece una visión global del precio de los tratamientos y terapias financiadas, ya que sólo considera la equivalencia en términos de principio activo y no de indicación terapéutica". Detecta asimismo "una falta de contraste de las prescripciones realizadas y gran heterogeneidad entre las CC AA en sus pautas de prescripción, lo que también repercute negativamente en la eficiencia del sistema". De la experiencia desarrollada en Andalucía, "donde el sistema de selección de medicamentos (subasta) se ha revelado exitoso para conseguir ahorros sin comprometer la salud de los ciudadanos", subraya que pone de manifiesto que "es posible alcanzar mejoras de eficiencia con la definición de un sistema de selección de medicamentos a escala nacional".
Tras su análisis, la AIReF propone al Gobierno nueve medidas:
1.- Modificar la composición actual de la Comisión Interministerial de Precios de Medicamentos y Productos Sanitarios, corresponsabilizando a las CC AA de las decisiones que en ella se tomen.
2.- Crear una autoridad independiente que apoye con los medios humanos y tecnológicos adecuados la toma de decisiones sobre financiación, incorporando la información sobre coste-beneficio y la previsión de las nuevas terapias en los informes que reciben las autoridades sanitarias, al tiempo que garantice la sistemática reevaluación de los medicamentos y seguimiento de las condiciones de financiación.
3.- Definir de un nuevo sistema de precios de referencia en el que, además del principio activo, la indicación terapéutica sea considerada.
4.- Aplicar procesos de selección de medicamentos a nivel nacional, con algunos aspectos de mejora respecto al sistema de selección de medicamentos de Andalucía.
5.- Modificar el esquema de copago actual, introduciendo mejoras en términos de equidad y de eficiencia.
6.- Incorporar los sistemas de copago evitable, permitiría concienciar al ciudadano sobre el impacto de sus decisiones de consumo y obtener mejoras en los precios de facturación del Sistema Nacional de Salud.
7.- Vincular las prescripciones a las resoluciones de la Comisión Interministerial de Precios del Medicamento e introducir programas generalizados de seguimiento de su consumo.
8.- Incrementar la cooperación entre las Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y las Agencias de Evaluación Regionales en la evaluación de medicamentos y en la elaboración de guías clínicas.
9.- Desarrollar planes de educación sanitaria para fomentar el uso racional de los medicamentos y la adherencia a los tratamientos, con la participación del farmacéutico de Atención Primaria y de las Oficinas de Farmacia.
Con la aplicación de un sistema de selección de medicamentos a escala nacional, la AIReF calcula que se generarían unos "ahorros significativos" de unos 412 millones de euros acumulados hasta 2022. Por otro lado, el ahorro por la definición de un nuevo sistema de precios de referencia que considere principio activo e indicación terapéutica lo cifra en alrededor de 507 millones de euros hasta 2022. En el proyecto, este organismo aclara que la "introducción de un sistema de selección de medicamentos nacional, con única puja por laboratorio, transparente, precio uniforme, y empezando por los grupos de medicamentos con menor impacto sobre la industria nacional y para patologías leves, división en lotes, y duración de dos años de la concesión".
En una lectura pormenorizada, se comprueba que la AIReF considera que "Andalucía tiene un sistema de selección de medicamentos que ahorra costes". Expone que el Decreto Ley 3/2011 (13 de diciembre), en el que se aprueba el sistema de selección de medicamentos del servicio andaluz de salud (SEMSAS), supuso una "innovación de política farmacéutica". Desde 2012, se han realizado 14 convocatorias de subastas andaluzas que han implicado a más de 1.330 medicamentos y "que han permitido ahorrar al SAS alrededor de 570 millones de euros". Admite, eso sí, que "este sistema no está exento de críticas". Las críticas se suelen centrar en dos aspectos, según el propio informe: "que produce mayor número de faltas, con el consiguiente efecto en adherencia e impacto en la salud de los pacientes, y que reduce los márgenes de las Oficinas de Farmacia, poniendo en peligro de supervivencia a las de mayor tamaño, con el consiguiente efecto negativo en la capilaridad del sistema, uno de los pilares de nuestro SNS". Fuentes de la distribución farmacéutica consultadas por esta revista piensan que, si se implanta un sistema de subastas de medicamentos a nivel nacional, se pondría en peligro el actual modelo farmacéutico español. La AIReF argumenta que las faltas de medicamentos seleccionados y no seleccionados son similares y que no se ha afectado ni a la capilaridad ni a la sostenibilidad de las farmacias en Andalucía.
Con todo, a la AIReF le parece "interesante" valorar su implementación a nivel nacional. Propone una transición gradual y supervisada con el fin de prevenir efectos indeseados, que lo mejore, fomente la transparencia del precio del medicamento, elimine el elemento de exclusividad y publique las convocatorias a nivel europeo. El nuevo sistema debería tener las siguientes características: única oferta, precio único, división en lotes, término de la concesión (dos años), permitir estar incluidos en la lista de medicamentos con preferencia en la dispensación por cantidades limitadas el acceso al mercado de otras compañas farmacéuticas al precio pactado, publicidad en la UE y origen de producción ("la experiencia internacional con sistemas de selección de medicamentos indica que hay un riesgo de que caiga el número de fabricantes domésticos al reemplazarse por extranjeros"). Otro punto habla de medicamentos propuestos para la selección. Para minimizar efectos negativos, debería cubrir sólo medicamentos con estas características: utilizados en la práctica clínica habitual y con efectos documentados asociados a patologías comunes de naturaleza moderada; de alto impacto en el SNS; seleccionados en Andalucía con resultados exitosos y "sería importante evitar medicamentos con un solo suministrador o que no posean un número significativo de competidores".
Este mismo jueves, surgieron voces contrarias a las propuestas de la AIReF. En un comunicado de prensa, el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) advertía de que el modelo de subastas incluido en el informe presentado por la AIReF "puede generar graves perjuicios en la salud de los ciudadanos". En concreto, alertaba "de la falta de equidad de la propuesta, de los riesgos de desabastecimiento, y del perjuicio en la adherencia a los tratamientos de los pacientes". La corporación farmacéutica lamentaba profundamente que "el modelo de subasta propuesto sólo atienda a objetivos de ingeniería financiera energética, y no a las necesidades sanitarias reales de los ciudadanos". Enfatizaba en que es importante dar valor al medicamento como un bien social y no como un producto de consumo. Jesús Aguilar, presidente del CGCOF, manifestaba que "esos efectos, que a priori no se ven, acabarán deteriorando la prestación farmacéutica que reciben los ciudadanos". "Subasta y salud es un binomio difícil de entender para nuestros pacientes y nuestros mayores con enfermedades crónicas. Ningún paciente entendería, ni aceptaría, que su medicación dependa del mejor postor en cada momento, porque la salud y los tratamientos farmacológicos no pueden depender del código postal de los pacientes", concluía. Del mismo modo, dicha institución denunciaba que el informe no estima con ninguna precisión el ahorro económico y extrapola datos de una autonomía concreta al conjunto del Estado.
Farmaindustria reafirmó, en otro comunicado, su corresponsabilidad con la eficiencia y la sostenibilidad del sistema sanitario público, el acceso de los pacientes a los tratamientos más adecuados para ellos y el fortalecimiento de la I+D biomédica y el tejido investigador en España. Reprochaba al estudio de la AIReF que deje de lado "los aspectos relacionados con la salud, la calidad de vida y el interés de los pacientes, para centrarse de forma exclusiva en la reducción de costes a corto plazo, sin reconocer los beneficios que los medicamentos innovadores suponen para la sociedad en términos de años de vida ganados y ahorros de costes sanitarios (menos hospitalizaciones y menor gasto hospitalario) y sociales, como las mejoras en el ámbito de la incapacidad laboral (que se traduce en mayor productividad) o los cuidados familiares". Farmaindustria avisaba de que muchas de las medidas propuestas supondrían, de llevarse a cabo, "un perjuicio para el sector industrial líder en I+D, en producción y exportación de alta tecnología y en empleo cualificado".
"Las medidas de ahorro a corto plazo que plantea el documento no tienen en cuenta la reducción que ha experimentado el gasto farmacéutico público en receta (en Oficina de Farmacia), que ha pasado de representar el 1,13% del PIB y una cuantía de 260 euros per cápita en 2010 al 0,87% del PIB y 228 euros per cápita en 2018. Lejos de subir, el gasto per cápita en España es notablemente inferior al de los países de su entorno: un 32% inferior a la media de países de la Eurozona (datos de 2016). Además, las propias previsiones de la AIReF para 2019-22 muestran un crecimiento del gasto farmacéutico muy reducido (1,4% medio anual) e inferior al crecimiento del PIB nominal (3,8%), por lo que esta partida no amenazaría en ningún caso a la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. No se entiende, por tanto, la necesidad de abordar un plan para ahorrar 1.500 millones de euros en cuatro años, con medidas de gran calado que el informe además califica como ´fáciles de implementar", puntualizaba Farmaindustria.
