El Comité Asesor para la Financiación de la Prestación Farmacéutica del Sistema Nacional de Salud (CAPF) iniciaron en 2013 la elaboración de los informes de posicionamiento terapéutico (IPT), una herramienta importante para la selección de los medicamentos entre las alternativas existentes, para la prescripción y para fundamentar la toma de ...
El Comité Asesor para la Financiación de la Prestación Farmacéutica del Sistema Nacional de Salud (CAPF) iniciaron en 2013 la elaboración de los informes de posicionamiento terapéutico (IPT), una herramienta importante para la selección de los medicamentos entre las alternativas existentes, para la prescripción y para fundamentar la toma de decisiones de precio y financiación. Enfocados en su revisión y mejora, han elaborado una actualización en la que proponen como necesaria e importante "la incorporación sistemática de la evaluación económica de los medicamentos en los procesos de posicionamiento de los mismos en la terapéutica, decisión de financiación y precio y en las conclusiones de los IPT". Por otro lado, este grupo de expertos presidido por Félix Lobo, insta también a que "profundizar en cómo se incorporaría esta información en el proceso de toma de decisiones sanitarias".
En este sentido, expone el documento, "la administración debe poder solicitar a las empresas titulares de los productos que constituyen objeto de los IPT estudios de evaluación económica e impacto presupuestario, sobre la base de los resultados y conclusiones de la evaluación comparativa desarrollada por la administración. Las empresas titulares de los productos que constituyen objeto de los IPT deben tener el derecho de realizar las aportaciones necesarias, dentro del marco que se establezca, sobre evaluación farmacológica/clínica comparativa, evaluación económica e impacto presupuestario".
Asimismo, el CAFP avisa de la necesidad de que estos informes evolucionen, sobre todo en dos puntos fundamentales. Por un lado, su carácter vinculante. Para ello recomieda elaborar y tramitar los proyectos legislativos necesarios para mejorar la normativa legal. "Muy posiblemente, se requiera una ley formal, requisito que puede concretarse en modificaciones de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios (texto refundido de 2015), completada con su desarrollo reglamentario por Real Decreto. Se recomienda inscribir estos proyectos legislativos en un marco más amplio de un Plan estratégico de reforma de la regulación general de los medicamentos y de la Prestación Farmacéutica del SNS", expone el documento.
Pero sobre todo, los expertos instan, haciendo especial hincapié, a concretar el papel de la evaluación económica en los procesos de decisión de precios y financiación y en la elaboración de los IPT. "Los criterios y directrices básicas de los estudios de evaluación económica deben especificarse en una estrategia general sobre medicamentos del Ministerio de Sanidad y en un plan de mejora de los IPT. Habría que explicar en qué casos y qué tipos de estudios realizar, a quién se van a exigir, con arreglo a qué métodos, su perspectiva, las medidas de resultado aceptables, los criterios de decisión, las garantías del proceso, etc".
A la vez, el CAPF propone, con una visión a medio-largo plazo, una organización simplificada centrada en un organismo científico-técnico independiente. "Se considera de alta importancia que se estructure este organismo basado en los conceptos de independencia y potencia científica y técnica, incorporando en su gobierno a las comunidades autónomas", afirman.
