El cambio climático ya mata

La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública ha presentado esta mañana el primer Informe sobre Cambio Climático y sus consecuencias para la salud.

Durante el evento, el secretario de Organización, Sergio Fernández, ha matizado que se trata de un informe "urgente y de máxima trascendencia". Como ha resaltado, "la salud no solo se defiende en los hospitales, sino que se construye también en las condiciones de vida, en la vivienda, el trabajo, el transporte, la alimentación, el entorno y —de forma cada vez más evidente— en el clima.". Por eso, ha afirmado que "el cambio climático es ya el principal determinante estructural de la salud de nuestras sociedades. Y, como tal, exige una respuesta firme, multidisciplinar y urgente por parte de las autoridades sanitarias y políticas por lo que exige esa respuesta firme por su parte". En definitiva, "la crisis climática también es una crisis de salud pública".

Una gran amenaza por solucionar

Carmen Sánchez Bellido, vocal de la FADSP, ha opinado que "hay un consenso a nivel mundial de que el cambio climático y sus consecuencias es la mayor amenaza para la salud en estos momentos". Hemos perdido la oportunidad de mantener el calentamiento global por debajo de la temperatura pactada para prevenir millones de muertes relacionadas con el cambio climático". Y es que "desde el 1970 las muertes vinculadas a esto han crecido un 45% ha alertado y las pérdidas económicas en un 74%".

En este contexto, han analizado que, entre 1993 y 2022, más de 765.000 personas fallecieron en el mundo por fenómenos meteorológicos extremos. Solo en España, el cambio climático provoca ya más de 8.000 muertes al año. Y si no se actúa, la renta media podría reducirse un 18% en 2050 por su impacto acumulado, han opinado. Y han profundizado, los principales responsables de esta crisis son los gases de efecto invernadero: el dióxido de carbono (CO₂), el metano, el óxido nitroso, junto con las partículas en suspensión y el ozono troposférico. Las emisiones siguen creciendo a nivel mundial, con China, Estados Unidos, India y Europa entre los mayores emisores. España no queda al margen de este problema.

En nuestro país, la contaminación atmosférica es ya una emergencia sanitaria. En 2023, más de 32 millones de personas —el 68% de la población— respiraron aire que no cumple con los estándares europeos de calidad. Las comunidades más afectadas son Murcia, Canarias, Madrid, Asturias y Cataluña. Madrid, en particular, se encuentra entre las ciudades europeas con mayor concentración de dióxido de nitrógeno y partículas finas en suspensión. Y han continuado, en 2014, la contaminación provocó 38.600 muertes en España, siendo las afecciones respiratorias, los accidentes cerebrovasculares, las cardiopatías, los trastornos del desarrollo infantil y las enfermedades mentales las más asociadas a la exposición a la mala calidad del aire. Las olas de calor han provocado un repunte preocupante de la mortalidad. En 2022, murieron 8.352 personas por este motivo. España es el cuarto país de la UE con más muertes por calor por millón de habitantes, siendo las mujeres mayores el grupo más afectado.

Por otro lado, han alertado, el calentamiento global está favoreciendo la llegada y expansión de enfermedades antes ausentes en nuestro territorio, como el dengue, la fiebre chikungunya o la vibriosis.

Por otro lado, en cuanto al impacto económico, el informe estima pérdidas globales de 3,8 billones de euros anuales, que podrían alcanzar los 34 billones en 2050. En España, las pérdidas por habitante se multiplicaron por 26 entre 2017 y 2022. La agricultura, la construcción y los servicios están entre los sectores más afectados.

Y se han quejado, pese a todo esto, la inversión pública sigue siendo insuficiente. España solo destina el 1,8% de su PIB a protección ambiental, por debajo de la media de la UE. Y sin embargo, la población está cada vez más preocupada: el 79% teme por el futuro de sus hijos ante el cambio climático; el 74% teme los efectos del calor y el frío extremos, y el 71% por el coste de mantener una temperatura adecuada en casa. Más del 80% ya adopta medidas cotidianas para reducir su impacto: ahorrar energía, reciclar, evitar el desperdicio de alimentos.

En su opinión, "la respuesta del gobierno no está siendo la adecuada. Tenemos 5 años para reducir a la mitad las emisiones, pero sin una información veraz no lo vamos a lograr".

10 propuestas para mitigar el problema

Por su parte, Manuel Martin, el presidente de la organización, ha matizado 10 propuestas como declarar el cambio climático como emergencia sanitaria e incluirlo en todos los planes del Sistema Nacional de Salud.

También exigen una Estrategia Estatal de Salud Pública frente al Cambio Climático, que integre medidas de mitigación y adaptación con equidad. Además, insisten en reforzar los sistemas de alerta temprana y respuesta ante fenómenos extremos. Hay que proteger activamente a los colectivos más vulnerables - mayores, niños, personas sin hogar, enfermos crónicos, mujeres embarazadas -. Según han insistido, la salud ambiental debe incorporarse a la atención primaria y hay que rediseñar las ciudades para hacerlas más saludables y resilientes, reducir las emisiones del propio sistema sanitario, fomentar la investigación sobre salud y clima, y aplicar una fiscalidad ambiental justa que grave más a quien más contamina. Por último, han comentado, es necesario que la sociedad civil y el sistema sanitario participen en la gobernanza de las políticas climáticas. Exigimos a los poderes públicos una política ambiental con perspectiva de salud. En definitiva, exigen que los presupuestos incorporen la protección ambiental como parte de la inversión sanitaria. No basta con apelar al comportamiento individual. Así, hay que actuar sobre los grandes contaminantes: industria, transporte, urbanismo, agricultura intensiva y residuos, desde la regulación pública y con participación social.

"Lo decimos con claridad: defender el sistema sanitario público hoy implica también enfrentarse al negacionismo climático, a la inacción política y al interés económico que pone el beneficio por encima del derecho a la vida", han concluido.