Multan con 666.000 euros a una farmacia de Pontevedra por vender medicamentos a un almacén farmacéutico

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) ha impuesto tres sanciones por un monto total de 666.001 euros a una farmacia ubicada en Marín, Pontevedra. La primera de las sanciones, por un importe de 600.000 euros, ha sido impuesta a la botica por el envío y venta de grandes cantidades de medicamentos a un almacén de la empresa Celtifarma en Monforte de Lemos. La sanción de 666.001 fue impuesta por la Consejería de Sanidad de Galicia y ha sido ahora ratificada por el TSJ de Galicia al desestimar el recurso contra la misma interpuesto por la farmacéutica de Marín.

Por otro lado, la farmacéutica también ha sido sancionada por negarse a responder a preguntas formuladas por los inspectores de Sanidad, así como por negar el acceso a su vivienda en la que tenía almacenados más de 1.000 envases de un medicamento psicotrópico. En este caso, la multa asciende a 60.001 euros. La sentencia indica que "debido a que las oficinas de farmacia son establecimientos sanitarios de interés público, la obligación de sus titulares de colaborar con las autoridades sanitarias no es la de un simple ciudadano". Por ello, "no cabe invocar su derecho a no declarar cuando se realiza una investigación sobre hechos que pueden incidir en el seguimiento de la trazabilidad de un medicamento".

En cuanto a la negativa al acceso a su vivienda por parte de los inspectores de Sanidad, el TSXG recurre al artículo 98 de la Ley 26/2006 que establece que cuando el personal al servicio de las Administraciones públicas que desarrolle las funciones de inspección las ejerza y acredite su identidad, estará autorizado para entrar libremente y sin previa notificación, en cualquier momento, en todo centro o establecimiento sujeto a esta Ley; y quien, supuestamente, utiliza su vivienda como almacén de medicamentos, la convierte en un anejo a su oficina de farmacia.

La tercera de las sanciones, de 6.000 euros, es por suministrar cantidades de medicamentos para satisfacer los botiquines de varios barcos del puerto de Vigo, si que constasen las previas solicitudes por parte de los armadores de los buques. La sentencia del TSJ de Galicia y la consecuente ratificación de la sanción (666.001 euros) es firme.

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