La campaña "No es sano" apuesta por el acceso universal a los medicamentos

Este miércoles tuvo lugar en Madrid la presentación de la campaña “No es sano”, en la que participó la Organización Médica Colegial (OMC) junto a otras organizaciones como Salud por Derecho, Médicos del Mundo, Sespas, OCU, CECU, No Gracias, Farmacéuticos sin Fronteras, además del apoyo de ISGlobal e Intermón Oxfam. El objetivo de esta iniciativa es la defensa y promoción del acceso universal a los medicamentos como parte indispensable del derecho a la salud. Asimismo, se pretende promover, en el marco de las próximas elecciones generales, un debate público y político informado e impulsar elcompromiso del gobierno, los partidos políticos y otras instituciones por un cambio en el modelo de innovación médica.

Según los participantes, el modelo actual global de innovación y acceso a medicamentos está roto. De hecho, en Europa, como en el resto del mundo, el precio de los nuevos fármacos está creciendo cada año, lo que amenaza la sostenibilidad de los sistemas de salud y obstaculiza el acceso de las poblaciones más vulnerables a tratamientos de determinadas enfermedades, entre ellas, el cáncer y la hepatitis C. Por otro lado, afirman que “un sistema disfuncional de incentivos hace que no dispongamos de tecnologías sanitarias adecuadas y eficaces para enfermedades como el chagas o la malaria o para amenazas globales crecientes como la multi-resistencia bacteriana”.

Así, ante esta situación que declaran “insostenible”, los portavoces de las distintas plataformas participantes en la campaña “No es sano” determinaron que se necesita “una reforma del sistema que garantice el derecho a la salud y el acceso de la ciudadanía a los medicamentos que necesita a un precio asequible”, al tiempo que se reconozca el derecho de las compañías farmacéuticas “a un beneficio razonable por su actividad”. Para alcanzar dichos objetivos establecen la necesidad de adoptar una serie de medidas concretas. Entre ellas, la introducción de transparencia en el sistema y garantizar un debate público informado; detallar las inversiones públicas e incentivos fiscales en I+D para conocer la trazabilidad de aquellos proyectos que resulten en tecnologías sanitarias comercializadas o evaluar las tecnologías sanitarias para garantizar que solo se financien con dinero público aquellos medicamentos que tengan una ventaja terapéutica añadida.