José Ignacio Vega, abogado del Estado en excedencia, participa en el taller “Contratación pública y subastas de medicamentos en Andalucía”.
Dirigido por Eduardo Martín Serrano, presidente de la Asociación Andaluza de Derecho Sanitario, se ha celebrado el taller “Contratación pública y subastas de medicamentos en Andalucía”, en el marco del Congreso Nacional de Derecho Sanitario. El objetivo fue analizar las subastas de medicamentos desde una perspectiva jurídica, por lo que ...
Dirigido por Eduardo Martín Serrano, presidente de la Asociación Andaluza de Derecho Sanitario, se ha celebrado el taller “Contratación pública y subastas de medicamentos en Andalucía”, en el marco del Congreso Nacional de Derecho Sanitario. El objetivo fue analizar las subastas de medicamentos desde una perspectiva jurídica, por lo que el encuentro explicó el marco normativo de las subastas y ofreció un balance de los diferentes procedimientos legales abiertos contra ellas desde su implantación en 2012. Así, en el contexto de la tramitación parlamentaria de la Ley de Garantías y Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público de Andalucía, que blindaría las subastas en caso de aprobarse, los participantes en la mesa redonda han coincidido en señalar al dictamen del Tribunal Constitucional como elemento clave en el futuro de este sistema. “Si el Tribunal Constitucional declara inconstitucionales las subastas no se podrían celebrar más convocatorias, y la primera y la segunda quedarían invalidadas”, declaró José Ignacio Vega Labella, abogado del Estado en excedencia y ex secretario general técnico del Ministerio de Sanidad y Consumo.
Pero más allá del debate sobre la invasión de competencias, los procedimientos contencioso-administrativos han introducido nuevos argumentos contra las subastas de medicamentos. Por ello, Vega Labella explicó que las subastas incumplen la Ley General de Farmacia de Andalucía, que exige que los laboratorios concurrentes acrediten la capacidad de producción en ejercicios precedentes. Según los datos de la Confederación Empresarial de Oficinas de Farmacias de Andalucía (CEOFA), en enero de 2015 las compañías adjudicatarias de las subastas abastecían menos de la mitad y no llegaban ni al 30% de lo requerido para 95 medicamentos. Los desabastecimientos en las farmacias impiden a los pacientes, especialmente a mayores, crónicos y polimedicados, seguir sus tratamientos habituales y complican su adherencia al tratamiento.
De ahí que, ante el posible escenario de la suspensión de las subastas por el Tribunal Constitucional, la mesa redonda también planteó alternativas a este sistema. En este sentido, Vega Labella manifestó que “hay otros modelos como el sistema de precios seleccionados, que ha sufrido una importantísima modificación en el borrador del Real Decreto, y se ha convertido en una medida mucho más racional”.
Por su parte, Julio Sánchez Fierro, vicepresidente de la Asociación Española de Derecho Sanitario, recordó el Artículo 14 de la Constitución, sobre la igualdad de todos los ciudadanos, al referirse a la situación de los pacientes andaluces en el acceso al medicamento. Y apuntó que, a diferencia del resto del país, la dispensación de medicamentos en Andalucía está limitada a un solo fármaco. Por último, Sánchez Fierro colocó a los pacientes en el centro del debate sobre las subastas y destacó que “plantearse el ahorro es necesario, pero los pacientes son más importantes”. Cabe destacar que las subastas de medicamentos en Andalucía han sido criticadas por agrupaciones de pacientes, entre otras, la Alianza General de Pacientes, la Federación de Asociaciones de Esclerosis Múltiple de Andalucía,la Asociación Sevillana de Pacientes Anticoagulados y Portadores de Válvulas Cardíacas o la Asociación Malagueña de Artritis Reumatoide.
