“Desvincular la titularidad y la propiedad de las farmacias no aporta ningún beneficio a la prestación farmacéutica española, modélica en todas sus facetas”. Así ha expresado ayer Antonio Abril, durante la inauguración de la octava edición del Foro de la Asociación para la Promoción de la Asistencia Farmacéutica (APROAFA), la ...
“Desvincular la titularidad y la propiedad de las farmacias no aporta ningún beneficio a la prestación farmacéutica española, modélica en todas sus facetas”. Así ha expresado ayer Antonio Abril, durante la inauguración de la octava edición del Foro de la Asociación para la Promoción de la Asistencia Farmacéutica (APROAFA), la defensa que hace FEDIFAR del modelo actual de farmacia, que garantiza la igualdad en el acceso a los medicamentos y da prioridad a la parte sanitaria frente a la meramente económica.
Bajo el lema "La farmacia, garantía de acceso al medicamento y al servicio profesional" y con la colaboración del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) y la Federación de Empresas de Distribución Mayoristas (FEDIFAR), una jornada organizada en las Cortes de Castilla y León ha analizado el papel de vertebración de las farmacias en el medio rural, como garantes del acceso al medicamento en pequeñas poblaciones.
Ante los rumores surgidos en los últimos meses, el Foro de APROAFA ha servido como plataforma para defender el actual modelo de farmacia español, para lo que ha contado con la participación y el apoyo de varios Consejeros de Sanidad autonómicos y altos cargos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Inaugurado por la presidenta del CGCOF, Carmen Peña, y el presidente de FEDIFAR, Antonio Abril, los asistentes han defendido el actual modelo de farmacia de propiedad y titularidad del farmacéutico, que también funciona en Alemania, Francia, Italia, Austria, Finlandia o Dinamarca, frente al de las cadenas multinacionales que opera en Inglaterra u Holanda.
Se trata de respaldar un modelo que vincula la titularidad de la farmacia con la propiedad frente a los modelos liberalizadores a los que apunta el anteproyecto de la ley nacional de servicios profesionales, y que pueden facilitar el traslado de farmacias del entorno rural a lugares más transitados, como los centros comerciales.
Antonio Abril ha señalado también que sería inaceptable y generaría consecuencias muy graves introducir un modelo supuestamente europeo, en el que estrictos criterios de rentabilidad económica se impondrían a los de interés público sanitario: “Sería perjudicial para la accesibilidad a los medicamentos por parte de todos los ciudadanos, con independencia del ámbito rural o urbano en el que residen”, resaltó.
Por último, Abril ha considerado que sería “poco responsable” en un momento de grave desempleo, destruir puestos de trabajo en oficinas de farmacia y en el propio sector de la distribución farmacéutica. “Más aún cuando nos encontramos en un mercado fuertemente regulado, con precios autorizados por el Ministerio de Sanidad”, ha concluido.
